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Todos aquellos clientes que se comprometieron a no emprender acciones judiciales en el futuro contra la banca no siempre podrán reclamar ante los tribunales.

El banco digital disparó las provisiones al cierre del pasado ejercicio, hasta los 209,6 millones de euros, ante la avalancha de reclamaciones de clientes por la aplicación de tipos de interés usurarios

La pandemia del coronavirus está destruyendo una parte muy importante del tejido empresarial español, pero también está llevando al límite al sistema concursal, que podría colapsar ante la avalancha de quiebras que se espera en los próximos meses. No es para menos. Los expertos advierten de que los concursos de acreedores podrían dispararse más de un 40% en 2021 y que los medios con los que cuenta la justicia no han aumentado. Ante ese escenario, desde la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) piden que se profesionalice la figura del administrador concursal.

¿Fusión bancaria?, estos días tan turbulentos en lo social, territorial y económico, cobra una especial relevancia entre la opinión pública y sobre todo en los expertos, los anuncios de fusiones bancarias y de reordenación de un sector clave en la económica como es el bancario, sin el cual, la financiación de empresas y particulares es prácticamente imposible y la crisis de este sector, lastra la economía hasta prácticamente su paralización.

La modernización de la justicia, parece dar un paso definitivo, al menos en los juzgados de instancia, a consecuencia de la publicación de la circular donde se anuncia la Consulta Pública sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia.

Expertos analizan para Confilegal la sentencia del Tribunal Supremo que aprecia falta de transparencia en el IRPH, pero no abusividad.

La tasa de resolución del trimestre alcanza un máximo histórico al situarse en el 166 % a nivel nacional.

Asufin espera que también se pronuncie pronto sobre el gasto de tasación y que lo haga exactamente de la misma manera.

La magistrada consideró que el TAE del 24,51 % que COFIDIS venía aplicando a su cliente desde 2011 era usurario, de ahí la condena.

Condena a la entidad a abonar al cliente 1.869,37 euros más los intereses legales y le impone las costas.