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Como consecuencia del reinicio de la actividad procesal en los juzgados a partir del próximo día 4 de junio, donde se va a producir una avalancha de reclamaciones judiciales por parte de los españoles, una de las estrellas de esta catarata de demandas que van a recibir los juzgados, es la de reclamar la nulidad de las cláusulas de interés referenciado al IRPH que obran en las hipotecas de cientos de miles de españoles.

El apocalipsis de la justicia se acerca a los mismos niveles que el colapso de la economía y, todo ello, a causa de la ineptitud del ejecutivo de Pedro Sánchez

El Banco de España prevé que la mora de la banca pueda dispararse hasta entre el 11% y el 14% por la crisis del coronavirus, a niveles próximos al peor momento de la última crisis.

De no situarse en un plano análogo, en cuanto a su tramitación, se produciría el indeseable efecto de que estos asuntos esenciales se verían pospuestos.

La Administración de Justicia entrará el próximo martes en la fase 2 de la desescalada prevista para las sedes judiciales, lo que implica contar con entre un 60% y un 70% de la plantilla de manera presencial.

La propuesta de que los alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica entren a reforzar juzgados y tribunales para aliviar la carga de trabajo acumulada tras el parón de la actividad por la crisis del coronavirus, no ha gustado a magistrados y fiscales.

La Justicia no se libra de las consecuencias de la pandemia y muchos países, incluido España, se lanzan a buscar soluciones en el mundo digital, pero no es tan sencillo como parece.

Será entonces cuando se implementen los planes de choque y de refuerzo y entrarán también en funcionamiento los órganos judiciales asociados al covid.

El Gobierno prevé reanudar el próximo 4 de junio los plazos procesales y administrativos que se vieron suspendidos con la declaración el pasado 14 de marzo de la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

La obligación de no despedir se mantiene, así como las condiciones para cobrar el paro. Varían las exoneraciones de las cotizaciones a la Seguridad Social.

El derecho a la información es un elemento esencial en la contratación bancaria que salvaguarda sus derechos como contratante de un producto financiero.

Mientras en unos juzgados conseguían establecer videoconferencias para celebrar declaraciones, en otros tenían que aplazar las vistas por falta de conexión.