A cambio, las mujeres beneficiarias debían pagar en torno a 4.000 euros, de los cuáles 1.000 iban a parar al actor agresor.

Tendrá que indemnizar con 5.000 euros al padre del niño por daños morales y perderá la patria potestad durante cuatro años.

«Las personas que se encuentran en paro, ERTE o han perdido su negocio no pueden sustentar dos unidades familiares a la vez», afirma la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), por providencia de 15 de diciembre de 2020, ha acordado la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Jerez de la Frontera (Cádiz), en relación con el inciso primero del art. 92.7 del Código Civil.