La sentencia de 4 de marzo de 2020 dictada por el Tribunal Supremo declarando usurario un contrato de tarjeta de crédito de la modalidad revolving, ha abierto otro camino a los consumidores para reclamar la nulidad de ese tipo de productos bancarios, distinto a solicitar la nulidad del contrato por usurario al superar los tipos de interés aplicados a estos créditos, los tipos medios para créditos revolving publicados por el Banco de España.
Los embargos de viviendas habituales han cambiado de tendencia en el primer trimestre del año. Tras cinco ejercicios consecutivos de descensos, hasta marzo las ejecuciones hipotecarias han aumentado un 9,3% respecto al primer trimestre de 2019, hasta 1.668. según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) -no todas las ejecuciones acaban en desahucio-. La cifra es un 20% superior al último trimestre de 2019.
El plan de especialización de los juzgados sobre las cláusulas abusivas iniciado el 1 de junio de 2017 se prepara, tras varias prórrogas, para su vencimiento final el próximo 30 de junio.
Asufin abre un nuevo frente por las tarjetas 'revolving' al lograr que un juez admita una demanda por cesación. La banca defiende que el Supremo volvió a equivocarse con la usura.
El tribunal se suma al criterio de la Audiencia de Barcelona, que también rechazó su nulidad pese a la sentencia del Tribunal de la UE. Otras audiencias sí lo han hecho.
Las derivas colectivistas del Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias van creciendo a medida que se alarga el confinamiento de los españoles.
Esta cifra de morosidad supone de hecho un recorte de la mora bancaria de casi un punto respecto al 5,73% en el que estaba esta cifra en marzo de 2019.
Los juzgados de primera instancia dan la razón a los consumidores y los de segunda a los bancos. Todos esperan un fallo del Supremo y no se descarta que lo haga de nuevo el TJUE.
Una noticia ha pasado inadvertida para el gran público; la CNMV presidida por el polémico Sebastían Albella, levantó el día 18 de mayo de 2020 a las 23:59 horas la prohibición de las ventas en corto que estableció el 12 de marzo para frenar la especulación.
Como consecuencia del reinicio de la actividad procesal en los juzgados a partir del próximo día 4 de junio, donde se va a producir una avalancha de reclamaciones judiciales por parte de los españoles, una de las estrellas de esta catarata de demandas que van a recibir los juzgados, es la de reclamar la nulidad de las cláusulas de interés referenciado al IRPH que obran en las hipotecas de cientos de miles de españoles.
El apocalipsis de la justicia se acerca a los mismos niveles que el colapso de la economía y, todo ello, a causa de la ineptitud del ejecutivo de Pedro Sánchez
El Banco de España prevé que la mora de la banca pueda dispararse hasta entre el 11% y el 14% por la crisis del coronavirus, a niveles próximos al peor momento de la última crisis.
De no situarse en un plano análogo, en cuanto a su tramitación, se produciría el indeseable efecto de que estos asuntos esenciales se verían pospuestos.
La Administración de Justicia entrará el próximo martes en la fase 2 de la desescalada prevista para las sedes judiciales, lo que implica contar con entre un 60% y un 70% de la plantilla de manera presencial.
La propuesta de que los alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica entren a reforzar juzgados y tribunales para aliviar la carga de trabajo acumulada tras el parón de la actividad por la crisis del coronavirus, no ha gustado a magistrados y fiscales.
La Justicia no se libra de las consecuencias de la pandemia y muchos países, incluido España, se lanzan a buscar soluciones en el mundo digital, pero no es tan sencillo como parece.
Será entonces cuando se implementen los planes de choque y de refuerzo y entrarán también en funcionamiento los órganos judiciales asociados al covid.
El Gobierno prevé reanudar el próximo 4 de junio los plazos procesales y administrativos que se vieron suspendidos con la declaración el pasado 14 de marzo de la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus.
La obligación de no despedir se mantiene, así como las condiciones para cobrar el paro. Varían las exoneraciones de las cotizaciones a la Seguridad Social.
El derecho a la información es un elemento esencial en la contratación bancaria que salvaguarda sus derechos como contratante de un producto financiero.
Mientras en unos juzgados conseguían establecer videoconferencias para celebrar declaraciones, en otros tenían que aplazar las vistas por falta de conexión.
La AJFV considera que esta situación supone un “secuestro del Poder Judicial” por parte del Ejecutivo y Legislativo.
Justicia prevé levantar la suspensión de los plazos procesales a principios de junio, aunque ello dependerá de la evolución de la pandemia.
El plan de choque contra el colapso de los tribunales no es fruto del consenso de los colectivos.
El Tribunal Supremo ha anulado la cláusula suelo de un préstamo hipotecario contratado por una pareja para financiar la adquisición de una licencia de taxi. El Supremo lo justifica en que ni el banco entregó la ficha con los detalles de financiación ni el notario avisó «específicamente» de la existencia de esta cláusula.
La cuantía será mensual y se calculará teniendo en cuenta los ingresos de 2019
El documento finalmente acordado contempla que "se valorará" la cláusula de mantenimiento del empleo durante seis meses establecida hasta ahora y que suponía el gran choque con la CEOE.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, dictó el 3 de marzo de 2020, una sentencia en el asunto C-125/18, donde en referencia a las cláusulas de IRPH insertas en las hipotecas, han sentenciado que la cláusula de IRPH, sino pasa el doble control de trasparencia, puede ser decretada nula por el juzgado, es decir que los tribunales españoles deberán asegurarse del carácter claro y comprensible de las cláusulas de contratos de préstamo hipotecario que establezcan la aplicación de un tipo de interés variable basado en el índice de referencia de las cajas de ahorros. (IRPH).
Lo que se ha juzgado por el TSJUE, no es la legalidad del IRPH, sino si su aplicación fue abusiva o transparente hacia los clientes.
Como consecuencia de los cientos de consultas que están llegando a nuestro bufete Quercus&Superbia Jurídico, ([email protected]) desde que se ha promulgado este Real Decreto-ley, vamos a intentar glosarlas en este trabajo, dada similitud de las preguntas que nos efectúan.
La economía española está en K.O. técnico y su situación actual se va a dañar aún más tras el fin del arresto domiciliario que los españoles estamos sufriendo con el eufemístico nombre de “confinamiento”. Un paro que puede superar el 30%, un PIB que caerá un 20% para fin de 2020, una deuda pública del 130% y una prima de riesgo del 148%, son los indicadores de una crisis peor que la sufrida en España en la posguerra de 1939.